Las infracciones están a la orden del día en Internet. El simple hecho de usar una imagen ajena sin indicar la fuente contraviene la normativa relativa a los derechos de propiedad intelectual y, en el peor de los casos, se ve ligada a cuantitativas multas. Así, con la misma rapidez con la que se producen este tipo de vulneraciones, también pueden desaparecer de la red. ¿Cuáles son los pasos que debes seguir en caso de que te hayas visto afectado por una infracción? O al contrario: ¿qué puedes hacer si recibes una advertencia o un requerimiento judicial? En estos casos es cuando se acude a la legislación en busca de asesoramiento.
Si sospechas que se ha producido una ilegalidad en el marco del derecho de marcas, de los derechos de diseño o de publicidad o en el derecho de propiedad intelectual, lo recomendable es que actúes con la mayor celeridad posible y reúnas pruebas para demostrarlo. En una disputa judicial uno de los aspectos más importantes es explicar y demostrar en qué consiste la actividad infractora, de ahí que haya que documentar cuidadosamente todo lo que llame la atención. En lo que respecta a la protección de las pruebas pueden resultarte de ayuda los siguientes pasos:
Especialmente en el ámbito del eCommerce, donde las páginas web se desarrollan y experimentan cambios constantemente, es donde los usuarios más deberían protegerse de los contenidos ilícitos. Si no eres capaz de localizar las vulneraciones, tampoco podrás emprender acciones legales contra ellas. Por ello, es importante que, como medida preventiva, no solo guardes en tu ordenador todo el texto fuente, sino también todos los elementos externos y los gráficos. Asimismo, es recomendable hacer capturas de pantalla con las que se pueda dar cuenta tanto del operador como de la fecha de lanzamiento de la página web.
A menudo se olvidan detalles importantes detalles importantes que más tarde pueden ser muy significativos en los procesos judiciales, de ahí que sea relevante crear una descripción detallada de todos los resultados y observaciones. Aquí se engloban, por ejemplo, los datos relativos a la forma y al alcance de la ilegalidad, al lugar y al momento de la delimitación de la actividad infractora, de todos los implicados y de la correspondencia entre estos y la parte contraria. Es recomendable, en este sentido, guardar todos los correos electrónicos y adjuntar las copias impresas al protocolo. Asimismo, también se pueden incluir todas las operaciones bancarias y documentos pertinentes y acreditativos de tus derechos. Una argumentación precisa no solo sirve para reafirmar tu credibilidad, sino también para calcular tus posibilidades de ganar.
Otro de los medios importantes de prueba son los testimonios, de ahí que, de ser posible, se deba contar con al menos otra persona que aporte validez a tu declaración. Esta persona puede ser alguien de tu empresa y debe tomar parte en las conversaciones directas. Hay que tener cuidado, sin embargo, con las llamadas telefónicas, y es que la escucha de las llamadas por parte de un tercero es algo a lo que no se puede recurrir a la ligera. Tal y como indica el artículo 18 de la Constitución Española de 1978:
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
Esto viene, además, corroborado en la Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre, que pone de manifiesto que:
“[…] Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado.”
Consiguientemente, la inclusión en este tipo de infringimiento de la ley puede dar lugar a lo que el Código Penal español considera como “delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”. Así, el artículo 197 incluido en el capítulo I sobre el descubrimiento y revelación de secretos, establece que:
1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.
Las advertencias o amonestaciones ofrecen la posibilidad de resolver pleitos fuera de los tribunales, lo que significa que se puede citar a los rivales por la omisión de las infracciones sin que se celebre un proceso judicial y resultan significativas, sobre todo, por motivos económicos. Para que se pueda llegar a un acuerdo extrajudicial, las advertencias deben cumplir con ciertos requisitos de forma y contenido.
En términos generales, no hay ningún patrón establecido. Sin embargo, toda carta de advertencia o aviso debe contener ciertos requisitos específicos para ser jurídicamente vinculante ante los tribunales.
A nivel peninsular, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ofrece numerosos datos para poder comprender mejor los actos desleales. Tal y como indica el texto legal, “La presente Ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal.” (Artículo 1 del capítulo primero).
Asimismo, como se indica en el artículo 3, que recoge el ámbito subjetivo:
1. La Ley será de aplicación a los empresarios y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.
2. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.
En lo relativo a las ventas se da una relación de competencia cuando las dos partes en disputa suministran mercancías o servicios similares a los mismos usuarios finales. El documento de advertencia debe recoger los siguientes criterios:
Las advertencias siempre se tienen que presentar por escrito. En los procesos judiciales, las cartas de advertencia por escrito sirven como notificación de los mismos. En este sentido, enviarlas por correo certificado también puede ser de utilidad, y es que la oficina de Correos puede documentar con exactitud cuándo y dónde se entregan.
Las declaraciones de cesación son un componente importante de las advertencias. Con ellas, las personas que las reciben se deben comprometer a cesar de inmediato en sus actividades y a no volver a incurrir en las infracciones perpetradas, lo que en muchos casos puede estar considerado como un método de solución de controversias entre las partes. Concretamente en el derecho relativo al eCommerce no resulta muy viable llevar todas las causas sobre las infracciones ante los tribunales debido al elevado número de posibles vulnerabilidades. En ello, un acuerdo extrajudicial en forma de declaración de cesación puede poner remedio a esta situación y ofrecer la posibilidad de eludir costosos procesos judiciales.
Las respuestas a las cartas de aviso deben tener lugar dentro del plazo estipulado para ello y, si ya se ha cumplido el plazo, las declaraciones posteriores por parte de la persona notificada carecen de efectividad. Por lo tanto, la persona que presenta la advertencia puede incoar un procedimiento judicial en el que la parte contraria ha de abonar los gastos legales en su totalidad en caso de perder la causa. Si el amonestado firma una declaración de cese y desista dentro del plazo señalado, no es necesario recurrir a un juicio, pues con ello se celebra un contrato de mutuo acuerdo entre las partes implicadas.
La declaración de cesación determina las acciones de las que se abstiene la persona amonestada, así:
“la persona X se compromete ante la persona Y a abstenerse de subir sus fotos o a que estas sean susceptibles de descarga en su página web.”
Si la persona X continúa usando sin permiso las fotos de la persona Y y las publica en su página web, se enfrentará a una penalización. La cláusula de daños y perjuicios es la que determina, en este caso, la cantidad que la persona X tiene que abonar a la persona Y por los delitos continuados. El importe de la misma dependerá de cada caso particular.
Es aconsejable enviar la declaración de cesación por escrito para evitar imprecisiones y malentendidos.
Tras la entrega de la carta de aviso, la parte contraria tiene, por regla general, dos semanas de tiempo para responder, lo que no significa que se elimine la infracción. Sin embargo, sí se tiene derecho a la indemnización por daños y perjuicios, por lo que si sufres pérdidas económicas debido a la violación de los derechos existentes, también puedes reclamarlos.
Si la persona amonestada te envía una solicitud de cesación con su firma, se puede decir que el caso ya está resuelto. Con el acuerdo al que se ha llegado, la parte contraria se compromete a cesar de inmediato la actividad infractora. En caso de que haya una penalización de por medio y haya que recurrir a los tribunales, es conveniente archivar tanto la declaración de cese y desista firmada como el resto de documentos, protocolos y medios de prueba.
Si, dentro del plazo establecido, no hay reacción o revocación de la carta de advertencia por la otra parte, puedes volver a redactar una o, en última instancia, recurrir a los tribunales. En caso de revocación del documento o de que la otra parte reconozca la culpa, habrá que reflexionar sobre la carta de advertencia y su posible modificación. En este punto, resulta conveniente llegar a un acuerdo extrajudicial. Si el juzgado falla que las dos partes son culpables, se dividirán las costas del juicio entre ambas. Si se absuelve a la parte que es tu competencia de todos los cargos, se te ordenará el pago de la totalidad de los gastos.
A la hora de emitir una carta de advertencia o amonestación, se debe conceder un plazo de respuesta a la parte contraria durante el que no está obligada a eliminar con efecto inmediato la infracción.
Si no sabes a ciencia cierta si se ha producido una infracción, antes de recurrir a una carta de aviso puedes presentar una solicitud de autorización en la que se presumirá que ha habido una vulneración de los derechos de protección. Se trata, en este caso, de intercambiar opiniones con los posibles culpables para ver si su comportamiento no se corresponde con la legalidad.
Además de recurrir a avisos extrajudiciales, también existe la posibilidad de acudir directamente a los tribunales y solicitar un requerimiento judicial. En lo que respecta, sobre todo, a la piratería, lo más recomendable es actuar con celeridad para frenar el comercio de mercancías falsificadas por medio de procedimientos sumarios. Por lo general, lo recomendable es prescindir, a priori, de los procedimientos judiciales y recurrir en primer lugar a la vía extrajudicial.
¿Cómo se debe proceder si te encuentras con una carta de advertencia o amonestación en el buzón? Aun cuando no se te pueda acreditar la infracción indicada en ella, la solución más inmediata no es tirar la carta a la basura, aunque tienes todo el derecho a no hacer nada. No obstante, tanto una declaración como la voluntad de cooperar pueden aumentar tus probabilidades de éxito en un posible proceso judicial. Si no se firma ninguna declaración de cesación en el plazo estipulado, el emisor de la carta de aviso está autorizado a emprender acciones legales. Por ello, no se recomienda el rechazo pasivo de las cartas de aviso.
Ante la recepción de un documento de este tipo, puedes actuar de cuatro maneras diferentes en función de tu situación:
Ante todo debes ser consciente de lo que firmas, y es que la declaración de cesación no es un documento cualquiera. Independientemente de que la carta de advertencia se haya dictado debidamente o no, esta comenzará a tener validez una vez se firme la declaración. De este modo, se desaconseja la firma inmediata de la declaración de cesación enviada por la parte contraria, ya que en muchos casos puede que esta intente obtener más beneficios de los que debiera. Asimismo, en algunos casos puede que se emitan cartas de amonestación que supongan un abuso de los derechos y que impliquen, por ejemplo, costes excesivos.
Analiza la declaración de cesación minuciosamente antes de firmarla y, en caso de no contar con los conocimientos necesarios para ello, recurre a un abogado.
En la práctica, este es el modelo que se aplica con mayor asiduidad. Si solo reconoces parcialmente las actividades infractoras de las que se te acusa o, a tu parecer, los costes que se te piden son muy elevados, lo recomendable es redactar tu propia declaración de cesación modificada. En ella puedes acordar la omisión de algunos puntos y también corregir el volumen de los costes derivados. Si el emisor original de la declaración está de acuerdo con tu propuesta enviará el documento firmado, con lo que se daría fin al proceso. En caso contrario, puede mostrar su desacuerdo y enviar otra carta modificada o, en última instancia, recurrir a los tribunales.
Haz uso de tu derecho a la información. La persona que envía el aviso tiene la obligación de presentar todos aquellos documentos que te incriminen como culpable, donde es posible que encuentres algunos errores.
Si te parece que las infracciones de las que se te acusa están injustificadas, el paso siguiente es mostrar tu oposición durante el plazo estipulado para ello. Si rechazas el acto lesivo, haz uso de tu derecho a la información. En algunos casos es incluso posible presentar datos que corroboren que estás en lo cierto y también puede ser ventajoso hacer referencia a la situación legal actual.
Otra opción es pasarse a la ofensiva y presentar una contraofensiva. Si la carta de aviso no tiene, en tu opinión, ningún fundamento, puedes presentar una contraorden de aviso en la que puedes apelar a la inexactitud de la orden de aviso emitida con anterioridad y solicitar una declaración de cesación. Otra posibilidad es entablar acciones judiciales y reclamar tus derechos en el marco de una acción declarativa negativa, en cuyo caso será un tribunal quien determine si las reclamaciones presentadas por la parte contraria están justificadas o no.
Ten en cuenta que una ofensiva jurídica puede plantear ciertos riesgos financieros. En caso de perder la causa, te verás en la obligación de abonar los costes correspondientes. No obstante, también corres el peligro de sufrir una contraofensiva por la otra parte.
Cuando una empresa envía notificaciones en masa, es decir, cuando varios competidores reciben una carta de advertencia de una empresa de manera simultánea, se podría hablar de un procedimiento abusivo. Sobre todo en lo que respecta al intercambio de archivos, este es un ámbito que en los últimos tiempos ha estado marcado por un verdadero aluvión de advertencias. En estos casos, a aquellos que reciben las notificaciones se les acusa de descargar e intercambiar archivos de Internet de manera ilegal y hay empresas y abogados que recurren a este tipo de prácticas para recaudar dinero. Si bien es cierto que no es tan fácil determinar este tipo de comportamientos abusivos.
Se puede hablar de aviso o apercibimiento injustificado cuando la persona que lo emite obtiene beneficios del mismo. Para que esto se convierta en una práctica abusiva se tienen que dar algunos indicios, como por ejemplo que el escrito contenga una formulación idéntica de la infracción, que no haya relación de competencia alguna entre ambas partes, lo que da lugar a que las actividades comerciales no interfieran en gran medida entre sí, o que haya una relación de parentesco entre las personas que presentan la carta de aviso o advertencia y los representantes o el abogado.
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