Las claves del derecho afín para los editores de prensa

La nueva directiva sobre derechos de autor en la Unión Europea ha de­s­pe­r­ta­do un acalorado debate entre posturas muy dispares. Esto se debe, sobre todo, a la propuesta relativa al nuevo derecho afín para los editores de prensa, si bien es cierto que las di­s­po­si­cio­nes relativas al filtrado de contenido previa pu­bli­ca­ción en la Red tampoco han sido del agrado de todos. Mientras que muchos editores co­n­si­de­ran que con la nueva directiva podrían ver re­co­no­ci­dos sus derechos en lo que ahora co­n­si­de­ran un vacío legal, las posturas más críticas temen que la apro­ba­ción de la directiva limite la libertad de co­mu­ni­ca­ción en Internet. Tras una primera votación sin mayoría, los Estados miembros de la UE, la Comisión y el Pa­r­la­me­n­to han llegado a un acuerdo sobre un texto final de reforma que pone fin al debate en torno a los derechos de autor en la Unión Europea. Pues, efe­c­ti­va­me­n­te, los puntos más co­n­tro­ve­r­ti­dos no se han resuelto todavía: ¿en qué consiste este nuevo derecho afín para los editores de prensa? ¿A qué se debe la polémica en torno al tema? ¿Cuáles son los ar­gu­me­n­tos a favor y en contra?

La reforma de los derechos de autor (la normativa anterior databa de 2001) en el mercado interior digital ha sido pro­ta­go­ni­s­ta de (aca­lo­ra­das) di­s­cu­sio­nes. Dos puntos se sitúan es­pe­cia­l­me­n­te en el foco de la atención pública: se trata de los artículos 11 y 13 del borrador de ley. El primero afectaría al derecho afín para los editores de prensa, mientras que el segundo, en­tre­ta­n­to co­n­ve­r­ti­do en el artículo 17, obligaría a las pla­ta­fo­r­mas online a su­pe­r­vi­sar el contenido antes de su pu­bli­ca­ción para comprobar si infringe los derechos de autor, lo que, según sus críticos, podría implicar la uti­li­za­ción de filtros au­to­má­ti­cos.

El acuerdo final se ha visto precedido por protestas de gran re­pe­r­cu­sión. Más de 100000 personas llevaron su des­acue­r­do con la reforma a la calle y la edición alemana de la Wikipedia dejó de ofrecer su servicio por un día como señal de protesta. Pese a todo, el Pa­r­la­me­n­to Europeo se decidió por la vía de la reforma con 348 diputados a favor, 274 en contra y 36 ab­s­te­n­cio­nes. Tras la apro­ba­ción formal del Consejo, los Estados miembro cuentan ahora con dos años para aplicar la directiva en su derecho nacional.

En julio de 2018, y seguido con gran interés por la opinión pública, el primer borrador ya se sometió a votación en el Pa­r­la­me­n­to Europeo, que lo acabó re­cha­za­n­do. Dos meses más tarde y después de algunos cambios que se hicieron visibles, sobre todo con la eli­mi­na­ción del término “upload filter”, el Pa­r­la­me­n­to aceptó el texto pro­vi­sio­nal en una segunda votación que resultó en 438 votos fa­vo­ra­bles, 226 en contra y 39 ab­s­te­n­cio­nes.

Con todo, la ley no estaba aprobada aún, puesto que el borrador pasó a ne­go­ciar­se a tres: los enviados del Pa­r­la­me­n­to Europeo, la Comisión y los Consejos de los Estados miembro se pusieron entonces de acuerdo en una versión final que fi­na­l­me­n­te debía pasar aún por el Pa­r­la­me­n­to Europeo. Ya entonces se levantó una oleada de voces críticas, re­pre­se­n­ta­da por los millones de personas que firmaron una petición online po­si­cio­ná­n­do­se en contra.

El derecho afín tiene como objetivo evitar que los extractos de noticias o artículos completos pu­bli­ca­dos por las edi­to­ria­les se utilicen en otras páginas de forma gratuita. La directiva establece que un gestor de páginas web tendrá que pagar un de­te­r­mi­na­do importe a los editores si quiere reunir contenido ya presente en la web y enlazarlo a su página, mostrando en vista previa el titular original o un texto breve del artículo real.

Para España, se toma como ejemplo la pla­ta­fo­r­ma Menéame. Cuando un usuario accede a las noticias de su interés, en­co­n­tra­rá una vista previa con los titulares de di­fe­re­n­tes artículos que han sido co­m­pa­r­ti­dos por otros usuarios, aco­m­pa­ña­dos de un pequeño fragmento de texto. Estos proceden de di­fe­re­n­tes fuentes, entre las que se en­cue­n­tran los pe­rió­di­cos online. Hay quienes lo co­n­si­de­ran ventajoso, pues al hacer clic sobre el enlace en cuestión, los usuarios acceden di­re­c­ta­me­n­te a la fuente de la noticia, lo que puede llevar a aumentar el número de lectores del periódico en cuestión y darlo a conocer, generando más tráfico. Sin embargo, el que incluya el titular de la noticia original y un texto pequeño de esta es co­n­si­de­ra­do en ocasiones como una de­s­ve­n­ta­ja, pues se teme que los usuarios se limiten a captar la in­fo­r­ma­ción mostrada en el portal, sin hacer clic en el enlace para leer el artículo completo.

Pero Menéame es solo un ejemplo de los di­fe­re­n­tes portales en te­rri­to­rio español que reúne noticias de otras fuentes. Se puede encontrar también:

• Yahoo Noticias
• Newstral
• Flipboard
• Reddit
• Los lectores RSS

Aunque con la actual directiva sobre derechos de autor es posible tomar medidas contra la pu­bli­ca­ción no au­to­ri­za­da de artículos completos en Internet, esta no contempla la vista previa de textos cortos y titulares in­te­gra­dos desde las fuentes ori­gi­na­les de in­fo­r­ma­ción. Es por eso que editores y re­da­c­to­res se han podido sentir des­am­pa­ra­dos ante el uso no au­to­ri­za­do de su contenido por terceros. Este es el vacío que el nuevo derecho afín para edi­to­ria­les de prensa pretende solventar. Además del contenido, la nueva directiva también hace re­fe­re­n­cia al uso de imágenes de vista previa de co­n­te­ni­dos edi­to­ria­les uti­li­za­das en los artículos.

Las posturas con respecto al derecho afín para las edi­to­ria­les de prensa son muy variadas. Por un lado, en­co­n­tra­mos co­le­c­ti­vos como la Aso­cia­ción Europea de Agencias de Noticias (EANA) a favor de la im­pla­n­ta­ción de la directiva, mientras otros, como la Aso­cia­ción española de edi­to­ria­les de pu­bli­ca­cio­nes pe­rió­di­cas (AEEOPP), no está de acuerdo con la reforma.

Muchos editores denuncian la falta de pro­te­c­ción de la propiedad in­te­le­c­tual de páginas web en Google y otros bu­s­ca­do­res. A di­fe­re­n­cia de las pro­du­c­cio­nes del mercado musical o ci­ne­ma­to­grá­fi­co, ar­gu­me­n­tan que a nivel europeo existe un vacío legal en lo que respecta a las apo­r­ta­cio­nes edi­to­ria­les, vacío del que se sirven los portales de Internet y los agre­ga­do­res para realizar su actividad. Estos quitan a los editores im­po­r­ta­n­tes ingresos en pu­bli­ci­dad y se co­n­si­de­ran re­s­po­n­sa­bles, en parte, del acelerado descenso de la venta de pe­rió­di­cos y revistas, lo que co­n­si­de­ran que puede poner en peligro un pe­rio­di­s­mo in­de­pe­n­die­n­te y de calidad.

Los opo­si­to­res a la im­pla­n­ta­ción del nuevo derecho afín afirman que los editores ya cuentan con la po­si­bi­li­dad de proteger su contenido de los agre­ga­do­res, pues los derechos de autor se aplican también a los textos edi­to­ria­les. Además, co­n­si­de­ran que resulta muy sencillo controlar la in­de­xa­ción de una página web en el di­re­c­to­rio de Google con, por ejemplo, el archivo robots.txt en el servidor web.

Según su punto de vista, el derecho afín para las edi­to­ria­les de prensa no es más que un impuesto a los hi­pe­re­n­la­ces del que solo se be­ne­fi­cian las grandes edi­to­ria­les, sin que el autor real, esto es, el pe­rio­di­s­ta, participe de los ingresos. Además, el hecho de que haya que abonar una cantidad concreta por usar pequeños extractos de texto y titulares también es un limitador de la libertad de in­fo­r­ma­ción y co­mu­ni­ca­ción, pe­r­ju­di­ca­n­do a los pequeños editores de contenido, como blogueros, o a pe­rio­di­s­tas in­de­pe­n­die­n­tes.

Incluso hay edi­to­ria­les que no están de acuerdo con la im­pla­n­ta­ción del nuevo derecho afín impulsado desde la Unión Europea, pues co­n­si­de­ran que tanto Google como el resto de agre­ga­do­res de noticias son canales im­po­r­ta­n­tes para atraer la atención de los usuarios hacia un artículo concreto y aumentar el tráfico.

En 2015 entró en vigor en España el texto refundido de la Ley de Propiedad In­te­le­c­tual que incluía, entre otros puntos co­n­tro­ve­r­ti­dos, el canon AEDE, también conocido como tasa de Google. Con él, se trataba de cobrar a agre­ga­do­res y a otras pla­ta­fo­r­mas de in­fo­r­ma­ción por el uso de enlaces de terceros. Google Noticias, cuya actividad se veía amenazada por este canon, cerró su servicio en España, pro­vo­ca­n­do que los ingresos por pu­bli­ci­dad de pe­rió­di­cos y revistas online se de­s­plo­ma­ran. De hecho, el gigante de Internet no plantea volver hasta que dicho canon sea eliminado. No obstante, para quienes están en contra del canon AEDE, la sentencia del Tribunal Supremo en abril de 2018 ofrece algo de esperanza. En ella, se anulaba la Orden ECD/2574/2015, una orden mi­ni­s­te­rial en la que se es­ta­ble­cían las tarifas que había que pagar por el uso de co­n­te­ni­dos de terceros.

Muchos de­fe­n­so­res del nuevo derecho afín para editores co­n­si­de­ran que una ley estatal que ampara a editores no es su­fi­cie­n­te para erradicar el problema, pues estas leyes solo afectan a un sector muy limitado del mercado actual. Es decir, las leyes que regulan el derecho afín en un estado concreto, no pueden hacer presión para que los gigantes de Internet cambien sus políticas. De ahí la necesidad de una solución a nivel europeo.

La im­pla­n­ta­ción del nuevo derecho afín en la Unión Europea podría tener varias co­n­se­cue­n­cias. Una de las más im­po­r­ta­n­tes es la di­s­mi­nu­ción de la oferta de in­fo­r­ma­ción a ciu­da­da­nos europeos, ya sea porque se reduzca la cantidad de noticias que pueden ser incluidas en Google y otros agre­ga­do­res, ya porque las revistas y los re­da­c­to­res de blogs con menos recursos no puedan enlazar contenido de forma gratuita.

La ex­pe­rie­n­cia ha de­mo­s­tra­do que, con toda pro­ba­bi­li­dad, estas medidas no son la solución adecuada para proteger al pe­rio­di­s­mo in­de­pe­n­die­n­te. En muchos casos, produce incluso el efecto contrario, pues eliminan los ingresos de los pe­rió­di­cos. Los de­tra­c­to­res no solo denuncian una excesiva bu­ro­cra­ti­za­ción de Internet, sino también el fo­r­ta­le­ci­mie­n­to de los grupos de medios con más recursos. Además, co­n­si­de­ran que, al reducir la po­si­bi­li­dad de utilizar enlaces, también se limita la libertad de in­te­r­ca­m­bio de opiniones en Internet.

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