B2G: de la empresa al gobierno

Las empresas no solo pueden es­ta­ble­cer re­la­cio­nes co­me­r­cia­les con co­n­su­mi­do­res pa­r­ti­cu­la­res, con sus empleados o con otras empresas, sino también con las au­to­ri­da­des. En este modelo de negocio se in­te­r­ca­m­bia in­fo­r­ma­ción y se realizan tra­n­sac­cio­nes entre las empresas y las ad­mi­ni­s­tra­cio­nes públicas.

En general, B2G en su de­fi­ni­ción incluye cualquier tipo de relación comercial entre las au­to­ri­da­des y las empresas a través del uso de Internet. Este modelo de comercio ele­c­tró­ni­co cubre cualquier tipo de relación comercial, proceso o co­mu­ni­ca­ción entre ambas como, por ejemplo, li­ci­ta­cio­nes públicas, ayudas o su­b­ve­n­cio­nes, fi­na­n­cia­ción de empresas, fi­s­ca­li­dad, etc.

Con el fin de si­m­pli­fi­car los procesos tanto para las empresas como para las au­to­ri­da­des públicas, la co­mu­ni­ca­ción en B2G se realiza, sobre todo, de forma online. Para las empresas, la rápida tra­mi­ta­ción de las so­li­ci­tu­des es es­pe­cia­l­me­n­te atractiva y promete una mayor eficacia. Por ejemplo, se puede hacer una descarga directa de los fo­r­mu­la­rios o tra­n­s­fe­rir los importes de los impuestos. La coope­ra­ción en el área B2G suele estar diseñada para un período de tiempo largo y se ca­ra­c­te­ri­za por un alto volumen de pedidos. Por ello, es in­di­s­pe­n­sa­ble una co­mu­ni­ca­ción rápida y sin co­m­pli­ca­cio­nes entre ambas partes de la relación comercial.

Hay puntos de partida muy di­fe­re­n­tes en el área de B2G. Las empresas y las au­to­ri­da­des in­ter­ac­túan entre sí por razones muy di­fe­re­n­tes. A veces se trata de re­la­cio­nes co­me­r­cia­les, a veces de procesos formales y a veces de encontrar nuevos empleados. Cada escenario depende, por supuesto, del tipo de ad­mi­ni­s­tra­ción pública.

La forma clásica de una relación comercial es la compra de productos o servicios. Las au­to­ri­da­des públicas suelen hacer uso de las ofertas de las empresas privadas. Sobre todo, existe una gran demanda de so­lu­cio­nes te­c­no­ló­gi­cas, por ejemplo, para poder asegurar las grandes ca­n­ti­da­des de datos que procesan las ad­mi­ni­s­tra­cio­nes gu­be­r­na­me­n­ta­les.

Con el fin de facilitar la coope­ra­ción, es­pe­cia­l­me­n­te desde el punto de vista em­pre­sa­rial, cada vez son más las ad­mi­ni­s­tra­cio­nes públicas que ofrecen una serie de servicios online en sus páginas web, desde donde se pueden descargar las pla­n­ti­llas de los do­cu­me­n­tos o las apli­ca­cio­nes ne­ce­sa­rias y, a menudo, enviarlas di­re­c­ta­me­n­te online a la ad­mi­ni­s­tra­ción co­rre­s­po­n­die­n­te. Algunos servicios adi­cio­na­les pueden incluir la ac­tua­li­za­ción de la in­fo­r­ma­ción de la empresa, el pro­ce­sa­mie­n­to de pagos o la respuesta a preguntas es­pe­cí­fi­cas sobre fi­s­ca­li­dad.

Si eres una empresa que busca nuevos empleados, puede valer la pena fu­sio­nar­se con las ad­mi­ni­s­tra­cio­nes públicas para encontrar a los ca­n­di­da­tos ideales. Uno de los portales más conocidos en el ámbito nacional es el portal de búsqueda de empleo Empléate, una ini­cia­ti­va del Mi­ni­s­te­rio de Empleo y Seguridad Social. Como empresa, puedes colocar en esta página web tus anuncios de empleo de forma gratuita y be­ne­fi­ciar­te de un mayor alcance. Dado que tanto la agencia de empleo como el ase­so­ra­mie­n­to pro­fe­sio­nal se en­cue­n­tran entre las pri­n­ci­pa­les tareas de la agencia, una oferta más amplia también supone un uso para las ad­mi­ni­s­tra­cio­nes.

El objetivo de los grupos de presión es ejercer una in­flue­n­cia es­pe­cí­fi­ca en las de­ci­sio­nes políticas de las empresas. El cabildeo es parte de la gestión de los asuntos públicos, la interfaz entre las empresas y la sociedad. Es im­ple­me­n­ta­do por aso­cia­cio­nes em­pre­sa­ria­les o agencias de asuntos públicos que actúan en nombre de una empresa. La atención se centra en los intereses de la empresa, que deben ser objeto de mediación en el marco de la le­gi­s­la­ción. Los métodos más uti­li­za­dos son los co­mu­ni­ca­dos de prensa o las campañas pu­bli­ci­ta­rias.

La na­tu­ra­le­za de la coope­ra­ción entre el Estado como poder ad­ju­di­ca­dor y una empresa como co­n­tra­ti­s­ta privado no está definida es­pe­cí­fi­ca­me­n­te. En una aso­cia­ción público-privada (APP), ambos socios aportan sus recursos di­s­po­ni­bles, como personal, capital o ex­pe­rie­n­cia, para im­ple­me­n­tar co­n­ju­n­ta­me­n­te un proyecto. Por lo tanto, las tra­n­sac­cio­nes de fi­na­n­cia­ción pura no son una APP. Las funciones re­s­pe­c­ti­vas de las dos partes están definidas co­n­cre­ta­me­n­te: la empresa es re­s­po­n­sa­ble de ga­ra­n­ti­zar la pre­s­ta­ción del servicio y la autoridad se asegura de que se cumplan los objetivos comunes. La coope­ra­ción puede variar, pero siempre está regulada co­n­tra­c­tua­l­me­n­te y a largo plazo.

Si las ad­mi­ni­s­tra­cio­nes públicas necesitan servicios o productos, como so­lu­cio­nes te­c­no­ló­gi­cas para el tra­ta­mie­n­to de datos o la ejecución de un proyecto, las au­to­ri­da­des públicas adjudican los contratos co­rre­s­po­n­die­n­tes a empresas privadas. Estos contratos son atra­c­ti­vos para las empresas, ya que ge­ne­ra­l­me­n­te re­pre­se­n­tan una fuente segura de ingresos. Para conseguir estos contratos, se utilizan di­fe­re­n­tes técnicas de marketing para convencer a las au­to­ri­da­des públicas del valor de sus productos o servicios. Un ejemplo clásico de esto son las ferias mu­ni­ci­pa­les, que se dirigen di­re­c­ta­me­n­te a los ayu­n­ta­mie­n­tos: en estos eventos las empresas tienen la opo­r­tu­ni­dad de presentar productos y servicios que sirvan para el cu­m­pli­mie­n­to de las tareas mu­ni­ci­pa­les. Estos pueden ser, por ejemplo, productos o in­no­va­cio­nes para la eli­mi­na­ción de residuos o para optimizar el su­mi­ni­s­tro de energía y agua. Además de estos casos, es factible es­ta­ble­cer este tipo de re­la­cio­nes en muchos otros ámbitos, que son im­po­r­ta­n­tes para agilizar muchos procesos comunes de las ad­mi­ni­s­tra­cio­nes públicas.