Esta ambigüedad legal, pese a todo, no ha podido evitar que la práctica del cash pooling se extendiera durante los últimos años. Los empresarios asumen los presuntos riesgos jurídicos, a cambio de las aparentes ventajas de este método de financiación. Para no atraer consecuencias negativas, como el pago a posteriori de deudas fiscales o las multas, los expertos recomiendan atender a ciertas reglas básicas y a unos límites civiles y legales.
Es particularmente relevante cumplir con el llamado principio de plena competencia (arm’s length principle): si bien es verdad que la liquidación de créditos y deudas en un marco de compensación interna de la liquidez no está sujeta a precios fijos, las directrices acordadas en el grupo han de poder hacer frente a la competencia externa. Esto significa que las inversiones y los créditos se han de ofrecer con las mismas condiciones de mercado a que estaría sujeta cualquier sociedad independiente (lo cual no es un problema, puesto que los intereses no salen del grupo de todas formas). En caso de duda, se pueden consultar los intereses bancarios de la cuenta maestra.
Un sistema de cash pooling también debería ser transparente. Esto incluye el deber de información regular por parte de la sociedad matriz, así como el derecho de las filiales a saber, en todo momento, quién presta y quién obtiene dinero. Para poder cumplir con esta labor, se han de establecer los mecanismos correspondientes de información y cese que ofrecen a los participantes la posibilidad de reaccionar ante cambios en la situación de liquidez en el grupo y cancelar un préstamo si es necesario. También se ha de garantizar que el sistema de cash pooling beneficia a las sociedades o al menos no supone ninguna desventaja para ellas (que podrían deberse, por ejemplo, a la retirada constante de su liquidez).
No hay que olvidar que el grupo está sometido a una estricta obligación de documentación ante el fisco. Esto significa que ha de poder demostrar en cualquier momento la idoneidad de sus precios de transferencia. Si no lo hace, se enfrenta a importantes consecuencias legales y fiscales.