¿Qué es la capacidad de obrar?

La capacidad de obrar regula quién puede llevar a cabo operaciones jurídicas y quién no, o solo hasta cierto punto. Las personas que carecen de capacidad jurídica deben ser protegidas para evitar que se perjudiquen a sí mismas o a otros de manera involuntaria. La capacidad de obrar de una persona para se determina en función de su edad o su salud mental.

¿Qué se entiende por capacidad de obrar?

Por definición, la capacidad de obrar es la aptitud de una persona para hacer y recibir declaraciones de voluntad de forma vinculante. Toda persona con capacidad de obrar puede llevar a cabo operaciones jurídicas vinculantes, por ejemplo, una rescisión o una declaración de desistimiento.

A diferencia de la capacidad jurídica, que todas las personas tienen desde su nacimiento, la capacidad de obrar depende de la edad y la salud mental de la persona. Esto significa que hay personas que no tienen capacidad jurídica o la tienen de forma limitada. Las personas sin esta capacidad deben por tanto estar protegidas para que no se perjudiquen económicamente. Este grupo incluye principalmente a los niños menores de 7 años y a las personas que sufren una deficiencia mental que no sea solo temporal. Sin embargo, esta deficiencia debe ser tan grave que restrinja su libre albedrío y les impida, por ejemplo, evaluar en qué medida una acción provocará consecuencias permanentes para ellos mismos o para otras personas.

¿Qué tipos de capacidad de obrar existen?

Como ya se ha dicho, todas las personas físicas tienen capacidad jurídica desde su nacimiento, pero según el Código Civil español, se distinguen tres niveles diferentes de capacidad de obrar, en función de la edad y la salud mental:

• Capacidad de obrar plena o ilimitada
• Capacidad de obrar restringida o limitada
• Incapacidad de obrar

Capacidad de obrar plena

La plena capacidad de obrar la tienen las personas mayores de edad no incapacitadas, salvo excepciones previstas en la ley (artículo 322 del Código Civil). De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución española, se es menor hasta los 18 años, momento en el que comienza la mayoría de edad. A partir de esta edad, las personas pueden emitir libremente declaraciones de voluntad que tengan como objetivo generar consecuencias jurídicas (por ejemplo, suscribir un contrato de compraventa).

Ejemplo: Laura tiene 19 años y quiere comprarse un ordenador portátil con su propio dinero. Ella puede firmar el contrato de compraventa con el vendedor, y así realizar un acto jurídico.

Representante legal para mayores de 18 años

Si, debido a una enfermedad o como consecuencia de un accidente, una persona mayor de edad ya no puede tomar decisiones por sí misma, se debe nombrar un tutor legal. Por lo general, los padres asumen este rol. También es posible que una persona no relacionada sea designada como apoderada preventiva para gestionar los asuntos de la persona adulta incapaz de obrar.

Capacidad de obrar restringida

Los menores de entre 7 y 17 años pueden realizar compras cotidianas apropiadas para su edad sin necesidad de pedir permiso a sus representantes legales. Sin embargo, lo que se considere una transacción apropiada para la edad o cotidiana depende de la situación. Los niños y adolescentes de 7 a 17 años pueden comprar artículos de papelería, comida, entradas de cine, etc., en cualquier momento sin ningún problema.

Los menores de entre 16 y 18 años pueden entablar relaciones laborales remuneradas. No obstante, los representantes legales deben dar siempre su consentimiento y, si es necesario suscribir un contrato, deberán firmarlo. Antes de los 16 años, no se permite el trabajo, salvo en situaciones excepcionales, como actuaciones artísticas o deportivas, siempre bajo autorización específica y en condiciones muy reguladas. En cuanto a los trabajos ocasionales, como hacer de canguro, arreglar el jardín para un vecino o un trabajo de vacaciones, los menores requieren autorización de sus tutores. Lo mismo ocurre con contratos de formación, donde deben aparecer las firmas tanto del aprendiz como de sus representantes legales.

Las personas con capacidad de obrar limitada pueden decidir sobre sus propios ingresos de adquisición propia, por ejemplo, el sueldo de un aprendiz. Esto también se aplica a los bienes que se hayan puesto a su disposición, así como a los regalos tanto materiales como económicos. Es importante que no se pongan en riesgo su bienestar básico o la satisfacción de sus necesidades vitales. Esto implica que, una vez cubiertos los gastos necesarios (alojamiento, ropa, alimentos, etc.), pueden disponer de su dinero libremente, pero siempre bajo la supervisión de sus tutores legales.

En España, no existe una regulación específica sobre la paga o dinero de bolsillo en el Código Civil, por lo que no se establece un límite exacto en cuanto al valor de las compras que los menores pueden realizar con este dinero. Sin embargo, es importante que el uso del dinero de la paga se ajuste a la edad y madurez del menor, y que las transacciones sean de bajo valor y propias de la vida cotidiana. A falta de una normativa específica, el criterio de los padres o tutores es fundamental, y es recomendable que estos guíen a los menores en el uso responsable del dinero. Tablas orientativas sobre la paga infantil, publicadas por instituciones o expertos, pueden también servir de referencia.

Ejemplo: Lara tiene 17 años. Sigue estudiando y no tiene ingresos propios. Quiere sacarse el carné de conducir y, por eso, contrata un curso de conducir con la autoescuela. También hace un depósito en efectivo de 100 euros de sus ahorros. Este contrato no es una transacción cotidiana, ni es una transacción que los menores de la edad de Lara suelan realizar. El contrato solo tendrá validez con el consentimiento de sus padres. Si los padres no están de acuerdo, el contrato no puede firmarse y la autoescuela debe devolver los 100 euros a Lara.

Incapacidad parcial

Una incapacitación parcial puede aplicarse cuando una persona tiene ciertas limitaciones que le impiden gestionar aspectos específicos de su vida, como es el caso de aquellos que sufren trastornos mentales o adicciones. Según el artículo 199 del Código Civil, la incapacitación solo puede ser declarada judicialmente, ajustándose a las circunstancias de la persona. Por ejemplo, una persona con adicción patológica al juego podría ser incapacitada judicialmente para realizar transacciones relacionadas con actividades de juego, pero mantendría su capacidad para gestionar otras áreas de su vida cotidiana en las que actúa con normalidad. En estos casos, se podría designar un curador que supervise las decisiones de la persona en los ámbitos en los que su capacidad está restringida.

Menores incapacitados

En España, los menores de edad (menores de 18 años) tienen una capacidad de obrar limitada y, en términos generales, no pueden realizar actos jurídicos sin la intervención de sus representantes legales. Existen excepciones para los actos de la vida cotidiana, como compras pequeñas, en los que se presume que el menor puede actuar por sí mismo (siempre y cuando el acto no sea perjudicial). No obstante, los menores muy pequeños, como los menores de 7 años, son considerados en su mayoría incapaces de realizar actos jurídicos sin la intervención de sus padres o tutores, aunque la ley no establece una edad mínima concreta para la incapacidad.

Representante legal de los menores

En principio, ambos progenitores son los representantes legales del menor y ejercen la patria potestad de manera conjunta. En caso de custodia compartida, los padres representan conjuntamente los intereses del menor, independientemente de si están casados o no.

Si los progenitores no pueden ponerse de acuerdo sobre un asunto importante para el hijo, como temas de salud (por ejemplo, la administración de vacunas o la realización de exámenes médicos específicos), el juez podrá atribuir a uno de ellos la facultad exclusiva de toma de decisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 del Código Civil.

Además, en determinados casos, la representación legal del menor puede ser transferida a terceros, como el tribunal de tutela o instituciones adecuadas, en situaciones en las que se considere que los progenitores no están cumpliendo con sus responsabilidades.

Adultos incapacitados

Desde el punto de vista jurídico, toda persona que haya cumplido los 18 años tiene plena capacidad jurídica, lo que implica la posibilidad de realizar actos jurídicos por sí misma. No obstante, dicha capacidad puede ser limitada total o parcialmente mediante una resolución judicial, cuando se determine que una persona padece una deficiencia mental grave y permanente, tal como establece el artículo 199 del Código Civil. No obstante, la reciente Ley 8/2021 ha modificado el enfoque sobre la capacidad jurídica, ya que promueve que las personas con discapacidad reciban apoyos para tomar decisiones por sí mismas, en lugar de ser privadas de su capacidad.

Ejemplo: Si una persona mayor de edad incapacitada legalmente compra artículos de bajo valor, como panecillos en una panadería o caramelos en un quiosco, tales transacciones se consideran legítimas y válidas, siempre que no impliquen un perjuicio grave. La evaluación de si una transacción es adecuada o no para la persona en cuestión depende del contexto específico y de la gravedad de la discapacidad.

Deficiencias mentales que conducen a la incapacidad legal

Según la ley española, una persona puede ser declarada incapacitada legalmente si se encuentra en un estado de alteración mental permanente que impida la autogestión de su vida y actos jurídicos, según lo estipulado en el artículo 199 del Código Civil. Esta declaración debe ser realizada por un juez mediante un procedimiento judicial, donde se examina a la persona afectada y se determina su grado de incapacidad.

En este grupo se incluyen personas que presentan las siguientes condiciones:

• Discapacidad intelectual: Si un médico certifica que una persona padece una discapacidad intelectual grave, se puede solicitar la incapacitación jurídica. Sin embargo, el juez determinará el grado de incapacidad según la gravedad del trastorno.

• Delirios y alucinaciones: Personas que sufren alteraciones graves en la percepción (alucinaciones o delirios) pueden ser consideradas incapacitadas si les impiden actuar de manera racional.

• Demencia avanzada: Enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, que afectan gravemente la capacidad cognitiva y la autonomía de la persona, pueden llevar a la incapacitación.

• Trastornos afectivos, como la depresión o la manía: Las personas con trastornos graves del estado de ánimo que afecten de forma permanente o recurrente a su capacidad para tomar decisiones también pueden ser declaradas incapacitadas. Esto puede incluir situaciones causadas por abuso de sustancias.

Dado que la protección de una persona con capacidad jurídica limitada o nula prevalece sobre la ley, es posible que los contratos formalizados por dicha persona puedan ser declarados nulos posteriormente si se demuestra que no comprendía las consecuencias. En muchos casos, solo un tribunal puede determinar la incapacidad en el momento de la firma. La carga de la prueba recae en quien alega la incapacidad, y se requiere un peritaje médico o psicológico para evaluarla.

Ten en cuenta el aviso legalrelativo a este artículo.