Extinción de una sociedad: cómo cerrar tu empresa

Por regla general, una sociedad se funda por un período de tiempo in­de­fi­ni­do y existe pe­r­ma­ne­n­te­me­n­te; no obstante, en algunos casos puede ser necesario llevar a cabo la extinción de la sociedad. Las razones para ello pueden ser muy di­fe­re­n­tes y, al margen de lo que pueda parecer, el fracaso económico no es siempre el principal re­s­po­n­sa­ble. Tienes que tener en cuenta que no basta con el cese de la actividad para extinguir una sociedad de capital. El pro­ce­di­mie­n­to está pre­via­me­n­te de­te­r­mi­na­do y deben ob­se­r­var­se numerosas normas.

La extinción de una sociedad es el proceso mediante el cual el em­pre­sa­rio pone en marcha los trámites ne­ce­sa­rios para cerrar una empresa. La le­gi­s­la­ción prevé, en este sentido, una serie de actos que resultan de obligado cu­m­pli­mie­n­to; tres fases ne­ce­sa­rias para el cierre or­ga­ni­za­do de una sociedad. Este conjunto de actos discurre, de forma general, a través de los si­guie­n­tes pasos: di­so­lu­ción, li­qui­da­ción y extinción.

La primera fase para la extinción jurídica de una sociedad es la fase de di­so­lu­ción. Es im­po­r­ta­n­te recalcar que con la di­so­lu­ción de la sociedad esta no pierde su pe­r­so­na­li­dad jurídica, tan solo se produce una mo­di­fi­ca­ción de su fin o actividad. Es decir, deja de tener una ex­plo­ta­ción em­pre­sa­rial para centrarse en una actividad co­n­se­r­va­ti­va y li­qui­da­to­ria.

El pro­ce­di­mie­n­to que se sigue para la di­so­lu­ción de una sociedad dependerá de si esta es anónima o limitada. No obstante, la ley prevé distintos supuestos, apli­ca­bles a todas las so­cie­da­des me­r­ca­n­ti­les. Las causas que producen la di­so­lu­ción aparecen recogidas en los estatutos sociales y en la le­gi­s­la­ción vigente. Así, la Ley de So­cie­da­des de Capital divide las causas en tres grandes grupos:

1. Di­so­lu­ción de pleno derecho: una sociedad se disuelve au­to­má­ti­ca­me­n­te o de pleno derecho por el tra­n­s­cu­r­so del plazo fijado en los estatutos para la duración de la sociedad o también en aquellos casos en los que haya pasado más de un año desde la reducción o am­plia­ción del capital por obli­ga­ción legal, sin que se haya disuelto o tra­n­s­fo­r­ma­do la sociedad.
2. Di­so­lu­ción por causa legal o es­ta­tu­ta­ria: cuando concurra una de las causas previstas en el artículo 363 de la LSC y la misma sea co­n­s­ta­ta­da por la junta general o, en su defecto, por el juez.
3. Di­so­lu­ción por acuerdo de la junta general: por decisión de los socios, mediante acuerdo ma­yo­ri­ta­rio adoptado en junta general. Esta decisión puede tomarse en cualquier momento y sin necesidad de que concurra una razón o causa que la motive.

El principal efecto de la di­so­lu­ción de una sociedad es la apertura del proceso de li­qui­da­ción. Además, debido a que la extinción de la sociedad solo se produce tras el cierre de la li­qui­da­ción, la sociedad a pesar de haber sido disuelta sigue su­b­si­s­tie­n­do y ma­n­te­nie­n­do su pe­r­so­na­li­dad jurídica con todos los atributos que le son propios (domicilio, de­no­mi­na­ción, autonomía pa­tri­mo­nial, etc.). Los cambios que la di­so­lu­ción implica son los si­guie­n­tes:

• La actividad social deja de ser de ex­plo­ta­ción o de­sa­rro­llo de la empresa, pasando a ser una actividad li­qui­da­to­ria. Se centra en la rea­li­za­ción de las ope­ra­cio­nes que permiten conseguir la li­qui­da­ción y la posterior extinción de la sociedad.
• Los ad­mi­ni­s­tra­do­res pasan a ser li­qui­da­do­res, co­n­vi­r­tié­n­do­se en órgano de ad­mi­ni­s­tra­ción y re­pre­se­n­ta­ción. Estos asumen la totalidad de funciones de la sociedad en li­qui­da­ción. Por su parte, la junta general se mantiene como órgano social, encargado de acordar lo que convenga al interés común, en relación con la marcha de la li­qui­da­ción.
• Otros efectos relativos a las obli­ga­cio­nes contables y a los derechos de los socios.

Tras la di­so­lu­ción de la sociedad se abre el periodo de li­qui­da­ción, un proceso cuya finalidad es el reparto entre los socios del pa­tri­mo­nio re­su­l­ta­n­te, después de que los créditos pe­n­die­n­tes hayan sido cobrados y de que se hayan sa­ti­s­fe­cho las deudas sociales.

La li­qui­da­ción es un pro­ce­di­mie­n­to que entraña ope­ra­cio­nes ma­te­ria­les y jurídicas en­ca­mi­na­das a la extinción de la sociedad; también consiste en un estado jurídico en el que la sociedad está sujeta a un régimen especial. Por eso, durante este periodo de tiempo, deberá añadir a su de­no­mi­na­ción la expresión “en li­qui­da­ción”.

Como ya me­n­cio­na­mos an­te­rio­r­me­n­te, tras la di­so­lu­ción los ad­mi­ni­s­tra­do­res cesan en sus cargos au­to­má­ti­ca­me­n­te y son su­s­ti­tui­dos por los li­qui­da­do­res, que asumen las funciones gestoras -referidas al orden interno de la sociedad y re­pre­se­n­ta­ti­vas, es decir, que afectan al fu­n­cio­na­mie­n­to externo de la sociedad. En concreto, las funciones de los li­qui­da­do­res son:

• Formular un in­ve­n­ta­rio y un balance de la sociedad con re­fe­re­n­cia al día en que se hubiera disuelto. Para ello, di­s­po­n­drán de un plazo de tres meses a contar desde la fecha de apertura de la li­qui­da­ción.
• Cobrar los créditos y pagar las deudas sociales.
• Concluir las ope­ra­cio­nes pe­n­die­n­tes y realizar las nuevas que sean ne­ce­sa­rias para la li­qui­da­ción de la sociedad.
• Llevar la co­n­ta­bi­li­dad de la sociedad, así como llevar y custodiar los libros, su do­cu­me­n­ta­ción y co­rre­s­po­n­de­n­cia.
• Enajenar los bienes sociales.

Si al comenzar con las ope­ra­cio­nes que les co­rre­s­po­n­den los li­qui­da­do­res advierten que la sociedad se encuentra en un estado de in­so­l­ve­n­cia y que, por lo tanto, no dispone de pa­tri­mo­nio su­fi­cie­n­te para hacer frente a todas las deudas co­n­traí­das, los li­qui­da­do­res deben instar la de­cla­ra­ción de concurso en el plazo de los dos meses si­guie­n­tes a la fecha en que hubieran conocido o debido conocer dicho estado. En caso de que in­clu­m­plan este deber, el concurso podría ser ca­li­fi­ca­do como culpable, con la po­si­bi­li­dad de imponer las sanciones legales previstas a los li­qui­da­do­res.

Si se declara el concurso, los li­qui­da­do­res, por norma general, seguirán de­sem­pe­ña­n­do sus funciones, eso sí, sujetos en este caso a las medidas de su­s­pe­n­sión o de in­te­r­ve­n­ción por los ad­mi­ni­s­tra­do­res co­n­cu­r­sa­les que el juez haya podido de­te­r­mi­nar. Si la fase de li­qui­da­ción de una sociedad se abre dentro de un pro­ce­di­mie­n­to concursal, los li­qui­da­do­res cesarán au­to­má­ti­ca­me­n­te y serán su­s­ti­tui­dos por ad­mi­ni­s­tra­do­res co­n­cu­r­sa­les.

No­r­ma­l­me­n­te, cuando se liquida una sociedad, se hace a través de una gran cantidad de actos aislados (cobro de deudas, pago de créditos, etc.) que, fi­na­l­me­n­te, de­te­r­mi­nan cuál es el pa­tri­mo­nio restante que deberá ser objeto de división entre los socios. Existe, no obstante, la po­si­bi­li­dad de que la sociedad disuelta acuerde la cesión global del activo y del pasivo a favor de un socio, varios o incluso de terceros. Esta cesión global no elimina la li­qui­da­ción pero la si­m­pli­fi­ca eno­r­me­me­n­te.

Para poder acordar la cesión global como operación li­qui­da­to­ria, existen una serie de re­qui­si­tos:

• La decisión co­rre­s­po­n­de a la junta general, ya que se trata de una operación que va más allá de las fa­cu­l­ta­des or­di­na­rias de los li­qui­da­do­res.
• Este acuerdo de cesión queda sujeto a un pa­r­ti­cu­lar régimen de pu­bli­ci­dad para ponerlo en co­no­ci­mie­n­to de los acree­do­res.
• Su eficacia está co­n­di­cio­na­da a la in­s­cri­p­ción registral de la escritura pública de la extinción de la sociedad.

Como vimos an­te­rio­r­me­n­te, la li­qui­da­ción de la sociedad se inicia con la redacción de un in­ve­n­ta­rio y un balance para es­pe­ci­fi­car cuál es el estado en el que se encuentra la sociedad al principio de dicho proceso. Los li­qui­da­do­res tienen tres meses para hacerlo y después ca­n­ce­la­rán las deudas, cobrarán los créditos a favor de la sociedad y venderán los bienes ne­ce­sa­rios. Una vez fi­na­li­za­do el proceso de li­qui­da­ción, los li­qui­da­do­res tienen que cumplir con la función de redactar un balance final que refleje el resultado del mismo y también harán un informe detallado de las ope­ra­cio­nes rea­li­za­das.

El balance final de li­qui­da­ción y la propuesta de división del haber social deben someterse a la apro­ba­ción de la junta general y no se repartirá hasta que todos los acree­do­res estén sa­ti­s­fe­chos o se haya co­n­si­g­na­do el importe de sus créditos. Debido a la im­po­r­ta­n­cia que entraña la apro­ba­ción de dichos do­cu­me­n­tos, la ley reconoce la po­si­bi­li­dad de que los socios di­s­co­n­fo­r­mes puedan im­pu­g­nar­lo en el plazo de dos meses. En este caso, el balance no será firme hasta que se haya dictado una sentencia que resuelva las re­cla­ma­cio­nes.

Cuando se haya aprobado el balance final y sa­ti­s­fe­cho la cuota de li­qui­da­ción de los socios, los li­qui­da­do­res deberán solicitar la ca­n­ce­la­ción en el Registro Mercantil de los asientos re­fe­re­n­tes a la sociedad ex­ti­n­gui­da. Al presentar la solicitud, se aco­m­pa­ña­rá de los libros de comercio y la escritura pública de extinción de la sociedad. En la escritura se deberán hacer constar las si­guie­n­tes ma­ni­fe­s­ta­cio­nes de los li­qui­da­do­res:

• Que el balance final ha sido aprobado y publicado.
• Que el balance no ha sido impugnado o, en caso de haberlo sido, que existe una sentencia firme sobre él.
• Que todos los acree­do­res han sido sa­ti­s­fe­chos o sus créditos han sido co­n­si­g­na­dos.
• Que los ac­cio­ni­s­tas han recibido su parte de la cuota de li­qui­da­ción o se ha co­n­si­g­na­do su importe.

Con la ca­n­ce­la­ción de los asientos re­gi­s­tra­les de la sociedad se produce la auténtica extinción de la sociedad y no es posible una posterior apertura de la li­qui­da­ción; ni siquiera en los casos en los que no se haya producido la li­qui­da­ción real de la totalidad de las re­la­cio­nes jurídicas de la sociedad.

En el caso de que aparezcan bienes que no se hubieran repartido, los li­qui­da­do­res se en­ca­r­ga­rán de adjudicar la cuota adicional a los antiguos socios. Si lo que existe son pasivos so­bre­ve­ni­dos, es decir, deudas no sa­ti­s­fe­chas, se prevé que los antiguos socios re­s­po­n­de­rán frente a los acree­do­res pero solo hasta el límite de la cantidad que hubieran recibido como cuota de li­qui­da­ción. Además, los acree­do­res podrían ejercitar una acción de re­s­po­n­sa­bi­li­dad por daños contra los li­qui­da­do­res, co­n­si­de­ra­n­do que la exi­s­te­n­cia de pasivos so­bre­ve­ni­dos puede ser in­di­ca­ti­va de una ne­gli­ge­n­cia en el ejercicio de sus funciones.

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