Los opositores a la implantación del nuevo derecho afín afirman que los editores ya cuentan con la posibilidad de proteger su contenido de los agregadores, pues los derechos de autor se aplican también a los textos editoriales. Además, consideran que resulta muy sencillo controlar la indexación de una página web en el directorio de Google con, por ejemplo, el archivo robots.txt en el servidor web.
Según su punto de vista, el derecho afín para las editoriales de prensa no es más que un impuesto a los hiperenlaces del que solo se benefician las grandes editoriales, sin que el autor real, esto es, el periodista, participe de los ingresos. Además, el hecho de que haya que abonar una cantidad concreta por usar pequeños extractos de texto y titulares también es un limitador de la libertad de información y comunicación, perjudicando a los pequeños editores de contenido, como blogueros, o a periodistas independientes.
Incluso hay editoriales que no están de acuerdo con la implantación del nuevo derecho afín impulsado desde la Unión Europea, pues consideran que tanto Google como el resto de agregadores de noticias son canales importantes para atraer la atención de los usuarios hacia un artículo concreto y aumentar el tráfico.