Muchos bautizaron a la California Consumer Privacy Act como la “RGDP americana”, pues se trata de una normativa que persigue regular la privacidad de los consumidores en el procesamiento de sus datos. No obstante, la realidad es que cada una de estas regulaciones tiene marcos legales diferentes. Esto implica que aquellas empresas que operen en California y que cumplan ya con el RGPD han de prestar atención a los requerimientos de la CCPA y adaptarse en consecuencia. Por eso ¿conoces las similitudes y las divergencias entre ambos reglamentos?
Aunque las dos normativas se aplican sobre todas aquellas empresas que realicen una actividad relacionada con el procesamiento de datos en el territorio de promulgación de la ley, con independencia de dónde se encuentre su sede, la CCPA solo considera a las personas naturales con residencia en el estado de California como consumidores. El RGDP, por su parte, reconoce los derechos de protección de datos a cualquier persona natural en territorio europeo.
Otra diferencia guarda relación con el tipo de entidad que debe respetar lo dispuesto en cada una de las regulaciones. Mientras que la ley californiana impone las obligaciones a las empresas que cumplen con determinadas características en relación con el volumen de negocios o la cantidad de datos analizados, el RGDP no hace distinción de ningún tipo y se aplica sobre cualquier entidad que procesa datos de los usuarios en territorio europeo.
Además, uno de los rasgos característicos del RGDP, que establece como necesario el consentimiento explícito del usuario para que una empresa pueda recopilar sus datos, no se contempla en la CCPA. Las empresas que trabajen con los datos de consumidores californianos pueden procesar sus datos sin restricciones iniciales, aunque deberán respetar el derecho de información, de eliminación y prohibición de la venta de datos de los consumidores, si estos así desean ejercerlo.
Lo que la ley californiana sí incluye, pero no se puede encontrar en el reglamento europeo, es la posibilidad de las empresas de proporcionar incentivos financieros a aquellos consumidores que permitan recolectar sus datos.
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