¿Qué es el cybersquatting?
En el mercado de los dominios se pueden encontrar numerosos actores que se dedican a reservar nombres de dominio con potencial. No obstante, si además estos contienen términos de marcas registradas, puede que su registro infrinja la ley. A la práctica de reservar dominios con términos de marcas registradas, en su mayor parte ilegal, se la denomina cybersquatting o ciberocupación.
Cybersquatting: significados y variantes
Mientras que en el acaparamiento de dominios no se registran nombres de dominios con términos protegidos, en el cybersquatting se tiene como objetivo las marcas registradas. Con esta práctica se pretende registrar términos protegidos por marcas dentro de un nombre de dominio para más tarde poder venderlo por una suma elevada a los titulares legítimos.
Dependiendo del tipo de protección de marca con el que cuenten los términos que componen el nombre de domino “ciberocupado”, la práctica también puede recibir el nombre de brandjacking o namejacking. Si el registro de dominio incluye nombres o partes de nombres de personas conocidas, como músicos, deportistas o estrellas de la televisión, puede que se den ambas prácticas.
Para aumentar la presión sobre los titulares de los derechos de marca, los ciberdelincuentes pueden usar los dominios registrados mediante cybersquatting para perjudicar al titular en cuestión, por ejemplo, publicando contenido que deje en mal lugar a la persona o empresa afectada.
Un tipo de cybersquatting es el conocido como typosquatting, una práctica que consiste en registrar variantes con errores tipográficos de un nombre de dominio de marca conocido con el objetivo de captar a los visitantes del dominio real.
Aunque a menudo se confunden cybersquatting con acaparamiento de dominios, no son la misma práctica. En el acaparamiento de dominios se busca registrar dominios con potencial no para uso personal, sino para más tarde revenderlo a alguna persona interesada. No obstante, en el acaparamiento de dominios se evita el registro de los nombres de productos o servicios específicos para que no haya ningún conflicto legal con los posibles titulares de los derechos. Una forma de acaparamiento se denomina domain snapping, cuyo objetivo es comprar dominios caducados lo antes posible. A diferencia de la ciberocupación, el acaparamiento de dominios no suele infringir el derecho de marcas.
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El derecho de nombres de dominio en España
Cuando un operador web descubre que su nombre o los derechos exclusivos de su marca registrada están siendo víctimas de la ciberocupación, es común que se presenten litigios y enfrentamientos legales ante entidades judiciales. Este tipo de prácticas pueden desencadenar en hechos como suplantación de identidad, perjuicios a la identidad digital, fuga de información comercial y otros delitos que representan pérdidas financieras para cualquier proyecto online. Aunque la legislación española no está muy especializada en el ámbito de Internet, organizaciones especializadas como INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) sirven como soporte informativo y de asesoramiento legal para las empresas en este tipo de situaciones.
La resolución de conflictos por cybersquatting desde el punto de vista judicial español se enmarca en diferentes delitos. Uno de ellos sería, por ejemplo, el enriquecimiento injusto derivado del uso del dominio ocupado, lo que significaría una infracción de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal. Otra de las maneras para hacer frente a la ciberocupación es el enfoque desde el punto de vista del nombre de dominio en relación con el signo distintivo, que compete al derecho de marcas. Por último, pero no menos importante, está el delito que implica la violación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen.
Las soluciones extrajudiciales a este tipo de conflictos corren por cuenta, en su mayoría, del derecho internacional. La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) se ha encargado de las cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con los nombres de dominio en Internet. Por su parte, la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), con su Política Uniforme de Resolución de Conflictos en Nombres de Dominio (UDRP) es la encargada de tomar acciones legales en cuanto a las disputas relativas a dominios internacionales. La UDRP sirve como alternativa a las negociaciones ante un tribunal estatal y permite a los solicitantes obtener la transferencia del nombre de dominio y la eliminación de la dirección disputada.
El derecho de nombres de dominio en Estados Unidos
En Estados Unidos hay una ley especial para lidiar con conflictos de ciberocupación: el Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). Este acto también es conocido como “Truth in Domain Names Act” y es una extensión de la llamada Ley Lanham, que regula el derecho de marcas en Estados Unidos a nivel federal. Esta ley entró en vigor en 1999 y está destinada principalmente a evitar que los consumidores sean engañados.
El ACPA es aplicado comúnmente al cybersquatting. Para apelar a la ley, el propietario demandante debe demostrar que el acusado se beneficia maliciosamente del uso de su marca como nombre de dominio. Una de las condiciones es que el nombre de dominio y la marca sean idénticos o muy fáciles de confundir.
Sin embargo, el interrogante que surge con la implementación del ACPA es: ¿cuándo se considera realmente que el uso de una marca es malicioso? En el pasado, la jurisprudencia estadounidense consideró como acto malicioso la intención de registro de un dominio para sacar provecho del tráfico de una marca para fines propios o para revender el nombre de dominio al propietario de los derechos sobre la marca. Adicionalmente, se considera como acción maliciosa al suministro de información falsa durante el proceso de registro. Mientras que las consecuencias jurídicas de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos en Nombres de Dominio de la ICANN son principalmente una cancelación o transferencia permanente del dominio, con una acusación del ACPA las implicaciones por daños y perjuicios pueden ascender hasta los 100 000 dólares.
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