El valor de los activos de una empresa no está grabado en piedra. Las crisis financieras, las catástrofes naturales o las fluctuaciones del mercado pueden ocasionar devaluaciones imprevistas de su valor. Tan pronto como se detecte un indicio de tal pérdida de valor de los bienes que se incluyen en el balance es el momento de llevar a cabo un impairment test o test de deterioro de activos. Gracias a esta valoración se corrigen errores eventuales en el balance y el valor real de la empresa se juzga más adecuadamente.
El término «impairment» no indica otra cosa que una devaluación, es decir, que el valor actual de un activo ya no se corresponde con el valor contable (valor del activo registrado en los libros), lo que genera un error en el balance, pues si el valor de un activo se eleva en demasía, los beneficios y las pérdidas derivados podrían ser erróneos. En principio pueden deteriorarse tanto los activos como los pasivos de un balance.
Si bien existen diferencias territoriales que afectan a la contabilidad de las empresas, los IFRS (International Financial Reporting Standards) establecen la IAS 36 a nivel supranacional, con la NIC 36 como su equivalente español, como la norma que define el deterioro de activos y su cálculo. Solo quedan excluidos de ella (NIC 36, puntos 2-5) aquellos valores que ya son regulados por otros estándares, como son, por ejemplo, las existencias (NIC 2), los instrumentos financieros (NIC 39) o las inversiones inmobiliarias (NIC 40).
La mayor parte del inmovilizado de una empresa, como la maquinaria, los automóviles o los equipos informáticos, están sometidos a un deterioro por uso. Para este tipo de bienes se establece una amortización sistemática en la que los contables amortizan el inmovilizado regularmente desde el momento de su inicio operativo hasta su venta, pérdida o desguace. Fuera de esta depreciación constante, la contabilidad también prevé aquellos casos en que los activos, si bien se amortizan según el plan establecido, también pueden verse afectados por pérdidas inesperadas de valor, o aquellos otros con una vida útil indefinida (los cuales no han de amortizarse en plazos fijos). En ambos casos se ha de realizar un test de deterioro.
A nivel internacional son los IFRS o el NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) las normas que regulan la aplicación del impairment test, que consiste en un test de deterioro de obligada realización y con el cual se trata de conocer el valor real de los bienes activos. Con esta información puede emitirse una declaración fiable sobre la situación actual de los activos, algo especialmente significativo para los inversores. Según dice la NIC 36, es necesario llevar a cabo un test de deterioro siempre que se detecte un indicio de depreciación en un activo que podría proceder de evidencias internas o externas (fuentes internas y externas en la NIC 36). Fuentes internas podrían ser, por ejemplo:
Entre las fuentes externas se encuentran:
Los activos inmateriales con una vida útil ilimitada o que aún no se puede usar y los fondos de comercio (goodwill), en cambio, se han de someter cada año a este test de deterioro, aunque la fecha se puede elegir libremente. Eso sí, en los años consecutivos ha de mantenerse la fecha escogida la primera vez.
Cuatro quintos del total de empresas hacen coincidir el impairment obligatorio con el cierre anual.
Para ello, lo primero es definir el valor recuperable (recoverable amount) del activo, que puede ser el valor neto realizable o el valor en uso:
El valor más alto entre ambos determina el valor recuperable, que a continuación se coteja con el valor contable o en libros (“carrying amount”), que equivale al valor de un activo tal como está registrado en el balance.
Si en este test se pone de relieve que el valor contable se sitúa por encima del valor recuperable, estamos ante una devaluación o impairment (deterioro). Como consecuencia, este deterioro se ha de amortizar hasta alcanzar el valor recuperable.
Cuando una empresa compra una compañía ha de pagar por ella el precio de compra que se ha fijado. Antes, el comprador calcula el valor de todos los activos (incluidas las deudas que ha asumido) de esa empresa, que probablemente es inferior al valor de compra. La diferencia entre ambos valores se denomina fondo de comercio o goodwill y refleja el valor inmaterial de una empresa derivado de la suma de factores como la reputación, la clientela, la experiencia, etc. El comprador acepta esta diferencia porque parte de la suposición de que los medios que compra conllevarán un beneficio en el futuro por las sinergias que generan derivadas de su potencial comercial, sus cuotas de mercado o sus perspectivas de beneficio, y que no se pueden calcular aritméticamente.
El fondo de comercio puede calcularse según el método indirecto o alemán o según el método directo o anglosajón. En el primero el valor de una empresa en funcionamiento es el de rendimiento, por lo que el fondo de comercio resulta de la diferencia entre el valor de rendimiento y el valor sustancial, que equivale al valor de compra o reposición de todos los bienes y derechos de la empresa restando las deudas con terceros (pasivos exigibles). El método anglosajón estima el fondo de comercio basándose en el superrendimiento, que equivale a la diferencia entre el beneficio de la empresa y el que se considera normal en el sector o el contexto económico.
Veamos un ejemplo siguiendo el método indirecto de cálculo del fondo de comercio:
La compañía Albatros compra la empresa Bravo por 100 millones de euros, pero antes los expertos financieros de Albatros han calculado un valor en activos de Bravo de 60 millones de euros: el fondo de comercio asciende entonces a 40 millones de euros.
El fondo de comercio aparece en el balance como activo y contribuye al valor global de la empresa, pero podría ocurrir que este fondo de comercio perdiera valor en el transcurso de un año. Como bien intangible, el fondo de comercio está obligado a someterse a un test de deterioro anual. Sin embargo, este valor carece de un flujo de efectivo que se pueda identificar y tampoco se puede vender, lo que implica la necesidad de definir una unidad de evaluación que se llama unidad generadora de efectivo (en adelante, UGE) o Cash Generating Unit (CGU) en inglés. La UGE está en relación directa con el fondo de comercio y consiste en el grupo más pequeño de activos que genera entradas de efectivo independientes de las generadas por otros activos o grupos de activos. Según el principio de uniformidad (principios contables), esta UGE ha de ser constante de un periodo a otro (podría ser un departamento de la empresa que se adquiere).
Lamentablemente Bravo no va tan bien como se esperaba. Transcurrido un año, Albatros constata que el valor en uso se sitúa en 70 millones de euros y su valor neto realizable en 80 millones de euros. Comparados con el valor en libros de 100 millones de euros (80 millones € de valores en activos + 20 millones € de fondo de comercio), el valor recuperable se sitúa en los 80 millones €, de forma que Albatros determina un deterioro del fondo de comercio valorado en 20 millones de euros.
En consecuencia, Bravo ha de amortizar su fondo de comercio para ajustar al balance a su valor real. En el caso de Albatros y Bravo, el fondo de comercio se amortiza en un 100 %, pero si después el fondo de comercio es superior al importe en libros, no se imputa en los libros. En este caso el importe en libros no varía.
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